El
PAIS 29/11/12.
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) resume sus 12 principales recomendaciones en el
informe bienal sobre España publicado este jueves y las agrupa en dos grandes
epígrafes. Son las siguientes:
Políticas
para estabilizar la economía y apuntalar el sector bancario
1. Los bancos viables con necesidades de
capital deben ser recapitalizados con prontitud y los no viables los bancos
deben ser resueltos de una manera ordenada, tan pronto como sea posible, según
lo previsto en el Memorando de Entendimiento [del rescate bancario].
2. Los titulares de deuda subordinada e
instrumentos híbridos de capital de menor rango deben absorber las pérdidas de
los bancos que se reestructuren, según lo previsto en el Memorando de
Entendimiento.
3. El Gobierno debe tener como objetivo
el cumplimiento de sus nuevos objetivos déficit, a menos que el crecimiento sea
mucho menor de lo esperado, en cuyo caso debe permitirse operar a los
estabilizadores automáticos, al menos parcialmente.
4. Las medidas de consolidación
necesarias para alcanzar el objetivo de déficit en 2014 deben especificarse. Su
impacto regresivo, si lo hay, debe reducirse al mínimo, para fomentar el
consenso social en torno a las necesidades de consolidación.
5. Para mejorar el marco fiscal, hay que
establecer un consejo fiscal [autoridad fiscal independiente] con un fuerte
mandato. Deben aplicarse estrictamente el control de las políticas
presupuestarias de los Gobiernos regionales y los nuevos requisitos en materia
de publicación de la ejecución presupuestaria de los Gobiernos regionales.
6. Aumentar los impuestos sobre las
externalidades ambientales, incluyendo los combustibles de transporte. Aplicar
el tipo general de IVA a más bienes y servicios. Hacer permanente el aumento de
la fiscalidad de los inmuebles y reducir la fiscalidad de las transacciones de
vivienda.
Políticas
laborales y de mercados
7. Reducir aún más las indemnizaciones
por despido improcedente. Si la reforma no demuestra ser efectiva, un contrato
único con indemnización por despido inicialmente baja, pero que aumenta
gradualmente reduciría la diferencia aún grande en los costos de despido entre
los contratos temporales y permanentes. Esto ayudaría a reducir efectivamente
la dualidad.
8. Una opción para mejorar la
flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas es abolir la
extensión legal de los acuerdos de negociación colectiva de nivel superior o
reemplazarla por un régimen de consentimiento previo, donde los empleadores
decidan si desean ser representados en la negociación salarial sectorial.
9. Ampliar el acceso a la formación y a
la asistencia para la búsqueda de empleo para los jóvenes desempleados.
Introducir un seguimiento y una evaluación comparativa integral de los
servicios de colocación y la aplicación de políticas activas de empleo a nivel
regional.
10. Ampliar el acceso a la educación
secundaria superior restringiendo los criterios para el paso de curso en la
educación secundaria a las competencias básicas. Combinar el sistema de
formación profesional y los contratos de formación en un solo esquema.
11. Reducir aún más los costos y los
procedimientos necesarios para la creación de empresas y eliminar las barreras
de entrada en sectores específicos, incluidos los servicios profesionales, así
como en el transporte ferroviario y por carretera.
12. Deben reducirse las barreras de
entrada para las grandes superficies comerciales impuestas por los gobiernos
regionales, y deberían liberalizarse las horas de apertura comercial en
aquellas regiones donde las restricciones se mantienen. Elevar el límite mínimo
nacional de horas que las regiones tienen que aplicar al regular los horarios de
apertura.
Ni media palabra de devolver el dinero inadecuadamente “retenido”
por políticos corruptos, yernos y amigos
corruptos y otros pesebristas.
Ninguna mención a reducir los inútiles gastos
institucionales, como los del fastuoso senado.
Nada de desaconsejar que con el dinero público se pague a
empresas privadas para gestionar las entidades públicas.
Por supuesto, no se alude a la posibilidad de encausar o
pedir cuentas a los malos gestores que han dilapidado millones de euros de los
contribuyentes.
¿Pero estos de qué van?
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